Las búsquedas de restos en zonas periurbanas de Tlajomulco y Zapopan se han vuelto una respuesta habitual ante la lentitud para procesar y comparar evidencias en el sistema forense estatal, según integrantes de varios colectivos. Familias y voluntarios organizan brigadas, coordinan logística y custodian muestras mientras esperan que la institucionalidad cumpla su parte.
La operación cotidiana exige recursos que rara vez llegan: combustible para vehículos todo terreno, equipos de geolocalización y drones, insumos para excavación y cadena de custodia para muestras biológicas. “Nos toca traer hasta agua y gasolina; si se rompe una camioneta, la arreglamos entre nosotras”, dice una integrante de un colectivo de búsqueda. La carencia de recursos obliga a turnos prolongados y a improvisar protocolos técnicos.
La seguridad es otro límite. Los equipos realizan rastreos en zonas donde operan grupos criminales y, en varias ocasiones, han solicitado acompañamiento de policías municipales o estatales que no siempre llega. Voces de los colectivos relatan amenazas directas y vigilancia hacia las familias; ante ello, muchas brigadas optan por horarios y rutas cambiantes, o por coordinar con vecinos para minimizar riesgos.
En el frente forense, autoridades y fuentes del sector reconocen un cuello de botella. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) arrastra retrasos en análisis de ADN y en el procesamiento de restos, lo que prolonga la incertidumbre para las familias. “La demanda supera la capacidad operativa y se suman retrasos en cadena de custodia y en la entrega de peritajes”, señala una persona vinculada al proceso forense que pidió no ser citada por seguridad.
La coordinación institucional también presenta fallas. Los colectivos denuncian trámites lentos para obtener permisos de búsqueda en terrenos privados, así como discrepancias sobre la custodia de evidencias entre brigadas y autoridades. Desde la Fiscalía se reconoce la necesidad de protocolos más ágiles, pero funcionarios consultados admiten limitaciones de personal y presupuesto que obstaculizan respuestas rápidas.
El costo humano es constante. Además de la carga física, las familias afrontan desgaste emocional y nulo o insuficiente acompañamiento psicosocial. En muchos casos, los colectivos han creado redes de apoyo que brindan asesoría legal y acompañamiento emocional, y reciben formación básica en manejo de pruebas de organizaciones civiles. Un académico de seguridad pública advierte que esa resiliencia ciudadana no puede sustituir el deber del Estado de garantizar investigación profesional y atención integral.
Qué sigue: los colectivos piden que el gobierno estatal incremente inmediatamente la capacidad del IJCF, establezca protocolos claros para búsquedas ciudadanas y garantice medidas de seguridad durante las operaciones. Para las próximas semanas hay expectativas sobre compromisos presupuestales y la posible creación de mesas técnicas prometidas por autoridades locales; será clave vigilar la asignación efectiva de recursos, la reducción de rezagos forenses y mejoras verificables en seguridad durante las búsquedas.
