Los ataques y el robo de mercancía a transportes que circulan por el Macrolibramiento han provocado retrasos generalizados en entregas y aumentos en los costos operativos, según empresarios y choferes del sector logístico.
El corredor, diseñado para desahogar tráfico urbano y conectar puertos y centros industriales, concentra grandes volúmenes de carga; esa concentración lo vuelve objetivo atractivo para bandas que interceptan unidades o aprovechan paradas forzadas, explican representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Jalisco y transportistas entrevistados.
Choferes consultados narran modalidades que van desde bloqueos de carretera y detenciones simuladas hasta el uso de violencia y clonación de unidades. “Nos obligan a desviarnos por caminos rurales o a esperar avances de convoy; eso aumenta tiempo y combustible”, dijo un transportista con dos décadas de ruta, que pidió no ser identificado por seguridad.
Para pequeñas y medianas empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara los impactos son directos: retraso en abasto, pérdida de mercancía perecedera y mayores gastos en seguridad privada y seguros. Una comerciante del Mercado Libertad señaló que en las últimas semanas llegó menos producto fresco y que los distribuidores reportan demoras sin poder garantizar fechas de reposición.
Especialistas en logística de la Universidad de Guadalajara y consultores del sector advierten que la fractura de la cadena no solo afecta inventarios sino costos finales. “Cuando las empresas incorporan sobrecostos por seguridad y primas de seguro más altas, esos montos terminan trasladándose al consumidor”, explicó un académico del área de cadenas de suministro. Añadió que la falta de datos públicos centralizados impide una evaluación precisa del impacto económico a mediano plazo.
Las autoridades estatales y federales han desplegado operativos puntuales sobre el Macrolibramiento, con presencia de Guardia Nacional y policías municipales en tramos estratégicos, según informes oficiales. Sin embargo, representantes de empresas logísticas critican que la coordinación interinstitucional es irregular y que persiste la falta de herramientas tecnológicas compartidas para rastreo en tiempo real de envíos.
Las medidas que proponen actores del sector incluyen patrullajes permanentes y coordinados, la creación de corredores seguros para cargas de alto valor, instalación de cámaras con acceso compartido entre empresas y autoridad, y políticas para frenar la venta de mercancía robada en mercados locales. Además, comerciantes y transportistas urgieron al gobierno estatal a priorizar mesas de trabajo con el empresariado para definir protocolos y recursos concretos.
Lo que sigue: vigilar si la estrategia de reforzamiento policial y los compromisos de coordinación reducen los incidentes en los próximos meses y si las empresas optan por cambios estructurales en rutas y seguros. Para consumidores y comerciantes locales conviene monitorear disponibilidad de productos y ajustes de precios; para autoridades, la prueba será convertir operativos ocasionales en una estrategia sostenida que proteja la cadena logística.
