Colectivos de madres buscadoras en la Zona Metropolitana de Guadalajara describen un entramado de obstáculos que reduce la efectividad de sus búsquedas en Tlajomulco y Zapopan: carencia de equipo, amenazas, trámites burocráticos y un servicio forense con capacidad limitada.
"Vamos con manos y esperanza, pero sin las condiciones", dijo una integrante de uno de los colectivos, que prefirió no dar su nombre por seguridad. Las jornadas de búsqueda suelen requerir excavadoras, perros entrenados, drones y logística para trabajar terrenos privados y cañadas; muchos grupos dependen de donaciones y apoyo vecinal para cubrir gastos básicos.
La seguridad es otro límite. Integrantes relataron episodios de intimidación y vigilancia por personas no identificadas durante las búsquedas; en zonas rurales y márgenes urbanos, el acercamiento a terrenos controlados por grupos delincuenciales implica riesgo real. Un coordinador de Protección Civil consultado recordó que los operativos ciudadanos no sustituyen la presencia de cuerpos de seguridad y que la protección institucional es intermitente.
Las dificultades técnicas y la cadena de custodia impactan la posibilidad de identificación y entrega de restos. Colectivos y peritos consultados señalan que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el Servicio Médico Forense enfrentan un rezago que retrasa análisis de ADN y comparativos con bases de datos. "Encontramos restos y no sabemos cuánto tardará en regresar una ficha genética", explicó una familiar que participa en la búsqueda.
La coordinación con autoridades locales y estatales es desigual. En algunos casos, ayuntamientos han otorgado permisos y apoyo logístico; en otros, las familias denuncian trabas para acceder a predios, falta de información sobre protocolos y demoras en la entrega de resultados periciales. La Fiscalía del Estado ha reportado avances administrativos para agilizar rastreos y cotejos, pero para las colectivas la respuesta aún es insuficiente y poco transparente.
Además de lo material y lo institucional, existe un costo emocional y físico: jornadas de excavación que duran días, el manejo de restos humanos, y la presión social constante. Psicólogos y organizaciones civiles insisten en ofrecer acompañamiento especializado; sin embargo, el acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado para muchas buscadoras y familias afectadas.
Para mejorar la eficacia de las búsquedas, los colectivos plantean medidas concretas: acceso formal a bases de datos genéticos, protocolos claros de coordinación interinstitucional, capacitación y entrega de equipo profesional, y garantías reales de protección cuando se opera en zonas de riesgo. Observadores independientes piden además transparencia sobre el número de cuerpos por identificar y los tiempos promedio de procesamiento forense.
Qué vigilar: la asignación de recursos para fortalecer el IJCF y el SEMEFO, la implementación de protocolos conjuntos entre ayuntamientos y Fiscalía para operativos de búsqueda, y la puesta en marcha de mecanismos de protección para las personas que participan. Sin cambios en estas áreas, advierten las propias buscadoras, las labores seguirán dependiendo más de la voluntad ciudadana que de un sistema que debería garantizar respuestas oportunas y seguras.
