La legislatura estatal aprobó una reforma que obliga al retiro de obstáculos en la vía pública y establece sanciones para garantizar el tránsito de personas con discapacidad. La medida fue votada por unanimidad y contempla tanto acciones de fiscalización como un programa piloto de urbanismo táctico en el Centro Histórico de Guadalajara.
La iniciativa, impulsada por la Comisión de Movilidad, obliga a autoridades municipales y a propietarios de espacios públicos y privados frente a la vía pública a remover anuncios, muebles, vehículos estacionados irregularmente, cables y cualquier obstáculo que impida el paso. Además fija criterios para la implementación de rampas, bordillos accesibles y señalización táctil en cruces peatonales que serán aplicados como estándar mínimo.
"Se trata de recuperar la calle para todas las personas", dijo la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad al finalizar la sesión. La legisladora explicó que las nuevas disposiciones incluyen multas administrativas, órdenes de retiro inmediato y programas de reparación del espacio público. Según la bancada, el objetivo es que las sanciones sean preventivas y que la autoridad municipal actúe con inspecciones periódicas.
El paquete legal también contempla un componente de urbanismo táctico: intervenciones temporales y de bajo costo para probar soluciones de acceso antes de invertir en obra definitiva. El piloto arrancará en el Centro Histórico donde se harán ajustes en banquetas, pasos peatonales y puntos de cruce prioritarios para personas con movilidad reducida y con discapacidad visual. La Secretaría de Transporte y Movilidad del estado coordinará con el ayuntamiento de Guadalajara la logística y la supervisión.
Organizaciones civiles por la discapacidad y colectivos de peatones recibieron con cautela la aprobación. "Es la primera vez que vemos una sanción clara y la promesa de acciones concretas", comentó una activista de una asociación local. Sin embargo, llamó a vigilar que la norma no quede en letra y pidió transparencia en los recorridos de inspección y en la reasignación del espacio urbano.
Comerciantes del Centro Histórico expresaron inquietud por la aplicación de sanciones contra terrazas y mercancía en banquetas. "Si van a quitar espacio, que den alternativas y tiempo para adaptarnos", dijo un comerciante del ramo alimentario en la zona. La Comisión de Movilidad aseguró que habrá plazos de adecuación y programas de acompañamiento para microempresarios, así como opciones para reubicar mobiliario sin afectar la actividad económica.
Expertos en urbanismo consultados por este medio resaltaron que las intervenciones tácticas pueden acelerar mejoras visibles si se acompañan de recursos para el mantenimiento. Un académico del ITESO señaló que la clave será la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana para evitar soluciones temporales que no se sostengan. La Comisión anunció mecanismos de seguimiento y comunicó que dará prioridad a las rutas utilizadas por personas mayores, con discapacidad y familias con cochecitos.
Qué sigue: la entrada en vigor dependerá de la publicación del decreto y de la emisión de lineamientos técnicos municipales. En los próximos días se espera la calendarización de inspecciones en el Centro Histórico y la convocatoria a mesas de trabajo con comerciantes y organizaciones civiles. Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar obstáculos a través de las plataformas municipales para acelerar la limpieza y la instalación de soluciones temporales y, a mediano plazo, definitivas.
