Esta semana el debate sobre la participación ciudadana escaló en el Congreso de Jalisco: colectivos, organizaciones civiles y bloques de oposición presentaron una iniciativa para modificar los requisitos que impiden la organización de consultas vinculantes sobre deuda pública y grandes obras.
Los promotores argumentan que las barreras actuales —plazos cortos, procedimientos de verificación presencial y exigencias presupuestales para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) organice consultas— vuelven inoperable el mecanismo. "Es una camisa de fuerza técnico-presupuestal que cercena el derecho ciudadano", dijo una representante de un colectivo que ha promovido consultas locales.
El IEPC, por su parte, ha advertido en comunicaciones internas y sesiones públicas que organizar una consulta vinculante requiere recursos logísticos y financieros significativos y tiempos de preparación que hoy la norma no contempla. Un consejero electoral consultado por este diario señaló que reducir plazos sin aumentar presupuesto implicaría fallas en la verificación de firmas y riesgos legales.
Diputados de la oposición explican que la reforma busca principalmente dos cambios: bajar el umbral de firmas que activa la obligación del IEPC y eliminar requisitos técnicos que encarecen o demoran la consulta. "No se trata de consultas frívolas, sino de dar voz previa en decisiones de deuda y megaproyectos", explicó un legislador del bloque opositor que impulsa la propuesta.
Quienes se oponen, desde filas legislativas y en análisis académico, advierten riesgos. Un investigador especialista en políticas públicas de la región señaló que facilitar el acceso sin salvaguardas puede convertir las consultas en herramientas de desinformación o presión política, especialmente en años electorales como 2027. También mencionó la necesidad de reglas claras sobre financiamiento de campañas por ambas partes.
Vecinos de municipios donde han surgido demandas ciudadanas coinciden en la exigencia de facilitar el mecanismo, pero plantean dudas prácticas: cómo se comprobará la autenticidad de firmas, cómo se informará a la población y cómo se garantizará que una consulta no quede pegada a un calendario electoral que distorsione resultados. "Queremos decidir sobre obras que nos afectan, pero que sea apegado a la ley y con claridad", dijo un vecino de la zona metropolitana.
Analistas legales recuerdan que cualquier cambio debe armonizar con la legislación federal y con precedentes judiciales. El calendario es otro elemento crítico: los promotores buscan que las reformas estén listas en los próximos meses para que el nuevo esquema sea operativo antes de la campaña de 2027; críticos piden auditorías, estimaciones presupuestales y audiencias públicas antes de la aprobación.
Lo que sigue: la iniciativa será discutida en comisiones donde se convocarán audiencias públicas con el IEPC, colectivos y especialistas. Conviene vigilar tres variables: el umbral concreto que el Congreso apruebe para activar consultas, las fuentes de financiamiento del IEPC para organizarlas y las reglas sobre publicidad y periodos de impugnación. Si el Legislativo avanza sin resolver esos nudos técnicos, la pugna por la democracia directa podría terminar en disputas judiciales y en consultas imposibles de realizar.
