Diputados de varias bancadas denunciaron presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos para la rehabilitación de la antigua sede del Congreso, lo que abrió una fractura notoria entre la mayoría y la oposición en la Legislatura local. Las quejas apuntan a adjudicaciones directas, falta de documentación pública y gastos que, según los denunciantes, no se corresponden con el avance de obra.
La obra, emprendida como recuperación del inmueble histórico para usos institucionales y de archivo, ha sido objeto de críticas desde que comenzaron las labores de restauración. Fuentes parlamentarias consultadas indican que los oficios de contratación carecieron, en varios casos, de procesos competitivos claros y que algunas facturas muestran partidas genéricas que impiden verificar la congruencia entre gasto y material empleado.
La tensión escaló cuando representantes de la oposición exigieron a la Junta de Coordinación Política transparencia inmediata y la remoción de quienes supervisaron las contrataciones. La bancada oficial respondió negando imputaciones generalizadas y anunciando la contratación de una auditoría externa independiente, cuyo informe será dado a conocer a mediados de mayo, según informaron voceros del propio Congreso.
Autoridades de la Legislatura han señalado que la auditoría externa buscará esclarecer desde la legalidad de los procedimientos de contratación hasta la trazabilidad de los pagos realizados. Aun así, diputados de partidos distintos a la mayoría advierten que la medida llega tarde y piden que el dictamen incluya revisión de contratos, certificaciones de obra y un inventario físico del inmueble rehabilitado.
Expertos en fiscalización consultados para esta nota apuntan a fallas estructurales en mecanismos de control interno que suelen facilitar irregularidades: ausencia de cláusulas de penalización, pliegos de condiciones vagos y supervisión técnica insuficiente. Un investigador en transparencia de la Universidad de Guadalajara afirmó que, sin acceso público y oportuno a los contratos y a las bitácoras de obra, la auditoría corre el riesgo de no cubrir todas las dudas ciudadanas.
El conflicto tiene repercusiones políticas inmediatas. Fuentes parlamentarias advierten que la disputa ha congelado la discusión de iniciativas y presupuertos menores dentro del propio Congreso, mientras que la oposición amenaza con llevar el caso a la Fiscalía estatal si el informe externo no esclarece las posibles faltas. Desde las bancadas mayores, en cambio, aseguran que se agotarán los recursos administrativos antes de cualquier denuncia penal.
En el plano ciudadano, vecinos del centro histórico y colectivos por la preservación del patrimonio han mostrado inquietud por la opacidad alrededor del proyecto. Señalan que la rehabilitación, que debía reforzar el valor cultural del inmueble, corre el riesgo de quedar marcada por la sospecha de manejo inadecuado de recursos públicos. En tanto, trabajadores de la obra declaran incertidumbre sobre pagos y continuidad de contratos con subcontratistas locales.
Lo que sigue será la presentación formal del informe de la auditoría externa, prevista a mediados de mayo, y la reacción de las bancadas a sus conclusiones. Si el documento confirma irregularidades, las opciones incluyen denuncias ante la Fiscalía, sanciones administrativas y revisiones adicionales de contratos. Si el informe no despeja dudas, la disputa política probablemente se intensificará. La ciudadanía debe vigilar la publicación íntegra del dictamen, la liberación de contratos y la comparecencia pública de responsables para que la evaluación no quede solo en palabras ni en promesas de transparencia.
