En los últimos meses, decenas de familias en Mexicaltzingo y Santa Tere han perdido sus casas o sido obligadas a vender ante la presión de desarrolladores que promueven proyectos de vivienda vertical en lotes tradicionales. Vecinos y agentes locales documentan cambios en el uso de suelo y notificaciones de desalojo que, dicen, se aceleraron desde principios de 2026 con presentaciones de planes para edificios de mediana y alta densidad.
“Nos dijeron que el terreno ya no era de uso vecinal y tuvimos que salir,” relató una vecina que pidió no ser identificada. La queja más recurrente es el procedimiento: desalojos con poco aviso, compensaciones insuficientes y falta de consulta con las comunidades afectadas. Comercios familiares ya reportan caída en clientes y redes de apoyo que funcionaron por generaciones se han roto.
Frente a esa situación, grupos de residentes han interpuesto juicios de amparo y presentado quejas ante organizaciones civiles. “Hay alegatos sólidos sobre violaciones al derecho a la vivienda y al debido proceso administrativo”, dijo un abogado especializado en derecho urbano consultado por este diario. La presentación de amparos ha logrado suspender algunas obras, pero los procesos son largos y no garantizan reubicación digna para todas las familias.
Autoridades municipales han autorizado o revisado trámites de cambio de uso de suelo y licencias de construcción, lo que ha tensionado la relación con colonias históricas. Académicos de urbanismo y representantes de organizaciones defensoras de derechos advierten que la densificación sin políticas de mitigación agrava la gentrificación: “La ciudad está priorizando la inversión en suelo central sin medidas que protejan a la población establecida”, explicó un investigador de la Universidad de Guadalajara.
El efecto económico se nota en escalada de rentas y ventas forzadas. Según fuentes del sector inmobiliario consultadas, el interés por terrenos en el primer cuadro metropolitano aumentó en meses recientes; vecinos lo traducen en presión para vender. Para quienes no pueden o no quieren salir, las alternativas son limitadas: aceptar una compensación, negociar relocalización con desarrolladores o litigar. En varios casos documentados por organizaciones sociales, las ofertas de reubicación no consideraron cercanía a servicios ni costos reales de vida.
La disputa legal y social también ha puesto en tela de juicio procesos de planeación. Activistas piden moratoria a nuevas autorizaciones mientras se revisan criterios de zonificación y se diseñan mecanismos de vivienda social y protección patrimonial. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido quejas, y organizaciones civiles solicitan transparencia en los permisos municipales y en las actas de notificación a propietarios y ocupantes.
Qué sigue: vigilar los resultados de los amparos, la posible suspensión de obras y las acciones formales del ayuntamiento sobre usos de suelo y vivienda social. Para las familias afectadas la recomendación inmediata es documentar notificaciones, buscar asesoría legal y registrar pérdidas ante organizaciones civiles que acompañan casos de desplazamiento. A mediano plazo, la discusión pública debe centrarse en políticas que obliguen a desarrolladores a incluir vivienda asequible y mecanismos de compensación efectivos, y en evaluar si el modelo de desarrollo urbano vigente privilegia la ganancia inmobiliaria por encima del derecho a la vivienda y la conservación de barrios tradicionales.
