Colectivos de Madres Buscadoras localizaron la semana pasada un predio en Tlajomulco donde hallaron restos óseos y posibles evidencias que podrían corresponder a personas desaparecidas, y desde entonces han enfrentado demoras en la entrega de resultados por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). El descubrimiento volvió a exponer cuellos de botella operativos y administrativos que, según familiares y expertos, afectan el derecho a la verdad y a la identificación de víctimas.
Miembros del colectivo sostienen que, tras el hallazgo, la cadena de custodia y el envío de muestras a laboratorio han sufrido retrasos. "Nos dijeron que por la carga de trabajo no había capacidad inmediata para procesar las muestras", dijo una integrante del grupo que solicitó mantener el anonimato por seguridad. Fuentes del sector forense consultadas por este diario confirmaron la existencia de un rezago en análisis genéticos y antropológicos que se arrastra desde meses atrás.
Un perito del IJCF que habló bajo condición de anonimato señaló problemas concretos: insuficiencia de personal técnico, limitaciones en insumos y un parque de equipo con necesidad de actualización. "Hay casos que esperan semanas o meses para perfilaje genético; eso hace imposible cerrar expedientes con rapidez", explicó. La falta de capacidad técnica, advierte el perito, repercute directamente en las familias que esperan identificación y en las investigaciones ministeriales.
Organizaciones de derechos humanos locales y nacionales han pedido que se investigue no sólo la operativa, sino también la gestión presupuestal del instituto. Según especialistas en gasto público consultados, en ejercicios recientes Jalisco aumentó partidas etiquetadas a seguridad, pero no existe claridad sobre cuánto se destinó a fortalecer capacidades forenses ni sobre la eficiencia de contrataciones. "Incrementar recursos no basta si no hay transparencia y diagnóstico técnico para asignarlos", señaló un investigador en políticas públicas de la Universidad de Guadalajara.
Además de la falta de capacidad, colectivos denuncian opacidades en contrataciones y convenios con laboratorios externos que no han resuelto la urgencia de las identificaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones civiles han pedido la publicación de un inventario público de peritajes pendientes y de los tiempos promedio de respuesta del IJCF. Para las familias, cualquier demora prolonga el sufrimiento y dificulta el acceso a la justicia.
La Fiscalía del Estado y el propio IJCF emitieron comunicados públicos reconociendo el hallazgo y señalando que trabajan en la integración de la carpeta de investigación, pero no ofrecieron plazos concretos para la entrega de resultados periciales. En reuniones recientes con colectivos, autoridades prometieron revisar procesos y priorizar casos, aunque sin detallar medidas administrativas o técnicas para resolver el rezago.
Lo que sigue es la exigencia por transparencia y una auditoría independiente sobre la eficiencia presupuestal y operativa del IJCF. Colectivos y defensores de derechos humanos demandan que el gobierno estatal publique cronogramas de análisis, asigne personal y reactivos con criterios técnicos y permita la supervisión civil de los avances. En lo inmediato, corresponde vigilar si la autoridad emite un plan de acción con plazos verificables, si se libera financiamiento específico para laboratorio y si las familias reciben atención puntual sobre el estado de las identificaciones.
